IMPUESTO AL PATRIMONIO PARA EMPRESAS: EL NUEVO GOLPE DE 8 BILLONES AL SECTOR PRIVADO

Colombia amanece con una noticia que tiene a los directores financieros y gerentes haciendo cálculos de urgencia. Ante la inminente declaratoria de una segunda Emergencia Económica, el Gobierno Nacional ha destapado su carta para recaudar los 8 billones de pesos necesarios para atender la crisis invernal: un nuevo Impuesto al Patrimonio para Personas Jurídicas.

A diferencia de los impuestos tradicionales que gravan las utilidades (lo que ganas), esta medida busca gravar "lo que tienes". Según confirmó el Ministerio de Hacienda, si tu empresa posee un patrimonio líquido superior a los 10.000 millones de pesos (aprox. 200.000 UVT), prepárate para pasar por caja, independientemente de si tu compañía generó ganancias récord o si reportó pérdidas en el último año.

Se estima que cerca de 15.000 empresas entrarán en este nuevo régimen tributario. En este artículo analizaremos la letra menuda de la medida, cuánto tendrán que pagar los grandes conglomerados del país y por qué los expertos advierten que esta medicina podría ser más costosa que la enfermedad para la inversión en Colombia.

El umbral de los 10.000 millones: ¿Quiénes entran en la lista?

El Ministerio de Hacienda ha trazado una línea roja clara para definir quiénes deben contribuir a esta "vaca" de 8 billones de pesos. La medida no está dirigida a la pequeña empresa, sino a la cúpula del tejido empresarial colombiano: cerca de 15.000 compañías que superan un patrimonio líquido de 200.000 UVT (aproximadamente $10.000 millones de pesos).

Las Tarifas Confirmadas: El impuesto será progresivo y se dividirá en dos grandes grupos:

1. Tarifa del 0,6%: Para empresas con patrimonios entre $10.000 y $30.000 millones.
2. Tarifa del 1,2%: Para los gigantes con patrimonios superiores a los $30.000 millones (más de 600.000 UVT).

El golpe a los gigantes (Cálculos preliminares): Según estimaciones realizadas por expertos en Mañanas Blu, el impacto en las empresas más grandes del país será monumental. A modo de ejemplo, basándose en sus patrimonios actuales:

• Ecopetrol: Podría pagar cerca de 1,2 billones de pesos.
• Bancolombia: Aportaría unos $500.000 millones.
• Grupo Aval: Tendría una factura aproximada de $220.000 millones.
• Grupo Éxito y Nutresa: Pagarían alrededor de $80.000 millones cada uno.

Es un cheque de proporciones históricas que el sector privado deberá girar para atender la emergencia invernal.

El absurdo financiero: Pagar impuestos incluso si estás perdiendo dinero

La mayor crítica técnica a este nuevo tributo es que rompe con la lógica básica de la tributación corporativa: se suele pagar impuestos sobre lo que se gana (renta), no sobre lo que se tiene (patrimonio).

Al gravar los activos, el gobierno castiga a las empresas intensivas en capital (como industrias, constructoras o empresas de servicios públicos) que necesitan maquinaria, edificios y redes costosas para operar, independientemente de si ese año fue bueno o malo.

El caso dramático de Air-e: Para entender la dimensión del problema, analicemos el ejemplo citado en Mañanas Blu: la empresa de energía Air-e, actualmente intervenida.

• Su realidad: En 2024 reportó pérdidas por 1,4 billones de pesos. Está en crisis.
• Su castigo: Como posee una infraestructura (postes, redes, transformadores) valorada en un patrimonio alto ($784.000 millones), tendría que pagarle al estado cerca de 9.200 millones de pesos por este nuevo impuesto.

¿De dónde sale la plata? Esa es la pregunta que se hacen los gerentes. Si una empresa está perdiendo dinero, obligarla a pagar un impuesto sobre sus activos la fuerza a endeudarse más o a vender esos mismos activos para cumplir con la DIAN, creando un círculo vicioso que podría llevar a la quiebra a compañías que, aunque grandes en tamaño, hoy son frágiles en caja.

¿Es legal esta medida? La sombra de la inconstitucionalidad

Para que el gobierno pueda decretar esta Segunda Emergencia Económica y cobrar el impuesto vía decreto (saltándose el debate regular en el Congreso), debe convencer a la Corte Constitucional de dos cosas muy difíciles:

1. Que la ola invernal es un hecho "sobreviniente e imprevisible" (algo difícil de argumentar ante fenómenos climáticos recurrentes).
2. Que los mecanismos ordinarios del Estado no alcanzan para atenderla.

La paradoja de la UNGRD: Aquí es donde el argumento oficial se debilita. Al declarar la emergencia, el gobierno estaría admitiendo implícitamente que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) fracasó en su misión o no ejecutó los recursos que ya tenía asignados por ley. Los expertos advierten que si la Corte encuentra que existían "medios ordinarios" (dinero en la UNGRD no usado), tumbará la emergencia y, con ella, el impuesto.

La alternativa sobre la mesa: Mientras se redacta el decreto, la Federación Nacional de Departamentos ha lanzado una contrapropuesta lógica: en lugar de extraer 8 billones del sector productivo, el gobierno podría destrabar los cerca de 6 billones de pesos en regalías que hoy están quietos en cuentas bancarias sin ejecutarse. ¿Por qué crear un impuesto nuevo y polémico cuando hay dinero guardado sin usar? Esa es la pregunta que la Corte deberá resolver.

Al final del día, la pregunta que queda en el aire para el sector empresarial no es solo cuánto hay que pagar, sino por qué es necesario este nuevo sacrificio.

Mientras el Gobierno busca recaudar 8 billones de pesos frescos castigando el patrimonio de quienes invierten en el país, las cifras de ejecución presupuestal muestran una realidad incómoda: existen billones de pesos en regalías y en los fondos de la UNGRD que no se han gestionado eficientemente. Gravar el patrimonio empresarial envía un mensaje peligroso a los mercados: en lugar de fomentar que las compañías crezcan, compren maquinaria y generen empleo, se les penaliza por ser grandes y tener activos. La batalla jurídica en la Corte Constitucional será larga, pero el daño a la confianza inversionista y la incertidumbre tributaria ya son una realidad inmediata.