SALARIO MINIMO EN EL LIMBO: ¿POR QUÉ PETRO INSISTE EN EL 23% TRAS EL FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO?

Lo que parecía un capítulo cerrado el pasado 29 de diciembre, hoy es una novela jurídica que tiene en vilo a 2,5 millones de trabajadores y a miles de empresarios. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en un 23,78% para 2026, el Gobierno Nacional tiene una cuenta regresiva de 8 días para expedir una nueva norma.

La lógica dictaría que el nuevo decreto se ajuste a la fórmula técnica tradicional (Inflación + Productividad), lo que bajaría el aumento a un 7,3% como proponen los gremios. Sin embargo, el Presidente Gustavo Petro ha redoblado la apuesta. Lejos de ceder, el mandatario ha sacado un "as bajo la manga": un estudio académico que sugiere que, históricamente, la productividad se ha medido mal en Colombia y que, bajo una nueva óptica, el salario debería ser incluso más alto.

En este artículo desglosamos la batalla técnica entre la "Productividad Laboral" y la "Productividad Total de los Factores", qué dice el estudio citado por el Presidente y qué pasará con tu nómina en medio de este vacío legal.

El argumento de los $2,1 millones: ¿Por qué el Gobierno dice que el salario está rezagado?

Justo cuando el Consejo de Estado exigía aplicar "criterios técnicos" para corregir el decreto, el Presidente Petro respondió con una carta inesperada. Citando un estudio del profesor Daniel Osa (PhD en Economía de la Universidad de Denver), el mandatario argumenta que la fórmula usada históricamente en Colombia para subir el sueldo ha estado viciada en contra de los trabajadores.

El corazón del debate: ¿Qué productividad medimos? La disputa técnica se centra en dos conceptos:

1. Productividad Total de los Factores (PTF): La que usan los empresarios. Incluye maquinaria, tecnología y capital. Suele dar cifras bajas o negativas.
2. Productividad Laboral: La que defiende el Gobierno. Mide cuánto valor real genera cada hora de trabajo humano.

Según la tesis del Gobierno, al usar la PTF durante décadas, los salarios se desconectaron del crecimiento real de la economía. El dinero extra que producían las empresas no iba a los sueldos, sino a las utilidades de los dueños, aumentando la desigualdad.

La cifra de la discordia: El estudio del profesor Osa sugiere que, si se hubiera ajustado el salario correctamente según la productividad laboral desde el año 2002, el salario mínimo para 2025 ya debería haber rondado los $2.155.000. Bajo esta lógica, el aumento del 23% decretado para 2026 no sería un "capricho político", sino un intento (aunque tardío y de golpe) de cerrar esa brecha histórica.

La advertencia de los expertos: "Cerrar la brecha de golpe es peligroso"

Aunque el argumento de corregir décadas de estancamiento salarial tiene sentido desde la justicia social, aplicarlo de un solo golpe (un aumento del 23% en un año) ha encendido las alarmas macroeconómicas.

El efecto rebote: Inflación y Tasas de Interés El Banco de la República ya reaccionó. Su gerente, Leonardo Villar, confirmó que el aumento "sorpresivo" del salario mínimo fue una de las razones principales para subir las tasas de interés en 100 puntos básicos. ¿La razón? Inyectar tanta liquidez de golpe presiona los precios al alza, creando un círculo vicioso donde el aumento del sueldo se lo termina comiendo la inflación en el supermercado.

Hasta el "gurú" pide calma: Lo más revelador es que el propio profesor Daniel Osa, autor del estudio que cita el Presidente, admitió en entrevista con Mañanas Blu que cerrar la brecha entre productividad y salario debe ser un proceso "gradual". Reconoció que hacerlo de un "sopetón" genera presiones inflacionarias difíciles de manejar. Su recomendación técnica no era subirlo todo en 2026, sino iniciar una política de ajustes progresivos año tras año.

La realidad de la calle: Mientras se discute la teoría, los pequeños empresarios (como los fabricantes de calzado en Bucaramanga) ya reportan recortes de personal y reducción de horas laborales. Para ellos, un aumento del 23% no es un debate académico, sino una amenaza directa a la viabilidad de sus negocios que podría empujarlos a la informalidad.

Incertidumbre jurídica: ¿Es legal bajar un salario ya decretado?

La suspensión del decreto ha creado un limbo jurídico sin precedentes. Mientras el Ministro del Interior, Armando Benedetti, califica la situación de "surrealista" y argumenta que el salario ya cobrado es un "derecho adquirido" que no se puede tocar, los expertos laboralistas tienen una visión mucho más fría de la ley.

El debate: ¿Derecho adquirido o definición legal? Según explicó el profesor Diego Valdivieso en Noticias Caracol, el salario mínimo no nace de un acuerdo entre partes, sino de una definición legal. Si la norma (el decreto) cambia o se suspende, el monto legalmente obligatorio también cambia. Jurídicamente, si el nuevo decreto fijara un aumento menor (por ejemplo, del 10%), las empresas podrían ajustarse a esa nueva cifra hacia futuro.

¿Tengo que devolver plata? (La regla de no retroactividad) La buena noticia para los trabajadores es que la decisión del Consejo de Estado no es retroactiva.

• Lo pagado, pagado está: Las quincenas de enero y febrero que ya se liquidaron con el aumento del 23% son propiedad del trabajador. Nadie tendrá que devolver un peso.
• El futuro es incierto: La duda recae sobre los pagos a partir de marzo. Aunque legalmente las empresas podrían bajar el sueldo si el nuevo decreto es inferior, en la práctica, gremios como Fenalco han insinuado que muchos empresarios mantendrán el aumento voluntariamente para evitar un colapso en el clima laboral. "¿Quién se atreve a bajarle el sueldo a su gente ahora?", es la pregunta que ronda en las gerencias.

Faltan apenas tres semanas para las elecciones al Congreso, y el Gobierno tiene claro cómo jugar esta carta. Como admitió sin rodeos el Ministro del Interior, Armando Benedetti, en los micrófonos de Blu Radio, este revés jurídico no se asume como una derrota técnica, sino como "gasolina" política para la campaña del oficialismo.

La narrativa ya está servida: "Las élites y las cortes tumbaron el aumento de los pobres". Bajo esta lógica, es muy improbable que el Presidente Petro firme un nuevo decreto bajando el aumento al 7% o 10% que sugieren los técnicos, pues sería un suicidio electoral. Lo más seguro es que veamos un nuevo decreto "transitorio" que intente sostener una cifra alta (cercana al 23%), justificada ahora con la teoría de la Productividad Laboral del profesor Osa. Para el empresario, esto significa que la incertidumbre no termina aquí: prepárese para un nuevo decreto polémico y, muy posiblemente, para otro capítulo de batallas jurídicas mientras las urnas deciden el futuro político del país.