¿SOLIDARIDAD O RESGO ECONÓMICO? LO QUE NADIE TE CUENTA SOBRE LAS INVERSIONES FORZOSAS DE PETRO.

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una figura prácticamente inédita en la historia económica reciente de Colombia: las "inversiones forzosas". En medio de la declaratoria de emergencia económica, y con el loable objetivo de inyectar crédito en las zonas más golpeadas por la crisis, el Ejecutivo planea obligar al sistema financiero a destinar un porcentaje de sus recursos para prestarlos a los sectores que el Estado decida.

Sin embargo, lo que se presenta políticamente como un acto de solidaridad y un "castigo" a los banqueros, ha encendido las alarmas técnicas del país. En un hecho sin precedentes, seis exministros de Hacienda —de diferentes corrientes políticas, incluyendo a José Antonio Ocampo, exministro del actual gobierno— publicaron una carta abierta pidiendo frenar la medida. Advierten que esquemas similares solo sobreviven en economías con sistemas financieros frágiles y ponen como ejemplos los casos de Venezuela y Bolivia.

Pero el dato que verdaderamente cambia la narrativa lo entregó Asobancaria: la plata para financiar estas inversiones forzosas no saldrá de las utilidades de los bancos, sino directamente de los ahorros de 38 millones de colombianos. En este artículo desglosamos qué significa realmente esta medida, por qué podría encarecer tu próximo crédito y cuál es la verdadera disputa por el riesgo económico.

El botín de 790 billones: De dónde saldrán realmente las Inversiones Forzosas

El argumento central del Gobierno para impulsar esta medida suena justiciero: "los banqueros tienen la plata retenida y no quieren prestarla a quienes más lo necesitan". Sin embargo, esta narrativa oculta una realidad técnica fundamental sobre cómo funciona el sistema financiero.

Cuando un banco presta dinero, no está sacando billetes de la billetera de sus accionistas. Como explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, la plata que está en juego pertenece estrictamente a los ahorradores. Actualmente, los colombianos tienen depositados en el sistema financiero cerca de 790 billones de pesos. Ese es el verdadero fondo que respalda la economía del país.

¿Cómo funciona la intromisión en el ahorro? En la práctica, el Gobierno le exigiría a los bancos tomar un porcentaje de esos ahorros ciudadanos —por ejemplo, un 5%, que equivaldría a casi 40 billones de pesos— para que sea el Estado quien lo administre y decida a quién, cómo y a qué tasa prestárselo (probablemente apuntando a los departamentos afectados por la emergencia económica).

La alerta que lanzan los seis exministros de Hacienda es clara: esta figura no es una penalidad a las utilidades del sector financiero, sino una intervención directa en la bolsa de ahorros de más de 38 millones de colombianos. Aunque el dinero de los cuentahabientes no se "pierde" (porque cuenta con seguros de depósito y respaldo institucional), el hecho de que el Gobierno obligue a desviar una tajada tan grande del ahorro nacional cambia las reglas del juego. Y como veremos más adelante, esa factura la terminan pagando los mismos ciudadanos.

La trampa matemática: Cómo las inversiones forzosas disparan tus tasas de interés

Si la plata que se va a usar es la de los ahorradores, ¿quién asume realmente el costo de prestarla más barata a los sectores elegidos por el Gobierno? La respuesta de los expertos es contundente y dolorosa: los demás usuarios del sistema financiero.

En economía básica, si reduces la cantidad de dinero disponible para prestar, el precio de ese dinero sube. Al extraer cerca de 38 billones de pesos (el equivalente al 5% de los depósitos) del mercado general para destinarlos a créditos dirigidos por el Estado, el pozo de recursos para el resto de la economía se encoge inevitablemente. Esto genera lo que el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, define como un "subsidio cruzado".

Para entender la gravedad del asunto en la vida real, Malagón entregó un ejemplo demoledor: esta restricción de liquidez podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de interés para todos los demás créditos. Si una familia colombiana solicita un crédito para comprar una Vivienda de Interés Social (VIS) a 15 o 20 años, ese simple incremento de un punto significa que terminarán pagando hasta $37 millones de pesos adicionales en intereses durante la vida de su préstamo.

Como bien concluyeron los analistas en el debate de Mañanas Blu, castigar al sector financiero con estas medidas es como ponerle impuestos excesivos a un restaurante: al final, la cuenta más cara siempre la termina pagando el comensal. En este caso, el encarecimiento de tu crédito de libre inversión, de tu tarjeta de crédito o de tu hipoteca será el mecanismo oculto que financiará el programa del Gobierno.

Los 21 billones ya prestados: La verdadera alternativa a la intervención del Gobierno

Obligar por decreto a que el dinero fluya hacia un sector específico trae consigo un peligro oculto que los analistas en Mañanas Blu dejaron muy claro: la eliminación del análisis de riesgo.

En un escenario normal, cuando un empresario, un ganadero en Córdoba o un ciudadano de a pie solicita un préstamo, el banco realiza un riguroso estudio de crédito para evaluar su capacidad de pago. Las inversiones forzosas obligan a saltarse o flexibilizar estos filtros técnicos. Prestar dinero por obligación y "por la fuerza" a carteras con alta probabilidad de siniestro dispara el riesgo de impago, poniendo en jaque la estabilidad misma del sistema que protege los ahorros.

La contrapropuesta del sector privado En lugar de forzar nuevos créditos que podrían terminar en morosidad (o que la gente afectada ni siquiera está en capacidad de asumir hoy), Asobancaria puso sobre la mesa un dato revelador: el sistema financiero ya tiene 21 billones de pesos colocados en créditos vigentes exactamente en las zonas y departamentos declarados en emergencia económica.

La verdadera solidaridad, argumentan los banqueros, no es inyectar crédito forzoso y encarecerle la vida al resto del país. La solución técnica y efectiva es trabajar sobre esos 21 billones ya prestados mediante alivios financieros reales: refinanciar las deudas actuales, otorgar periodos de gracia, extender los plazos de amortización y evitar que los damnificados sean reportados negativamente en las centrales de riesgo. Una salida pragmática que ayuda directamente al afectado sin dinamitar el bolsillo de los demás colombianos.

Al final del día, es imposible desligar esta propuesta económica de su trasfondo político. Como señalaron los analistas de Mañanas Blu, castigar retóricamente a los bancos y proponer medidas de este tipo tiene un efecto calculado: la fidelización del votante. Al plantear una narrativa donde "el sector financiero no le presta al pueblo" y es el Gobierno quien debe intervenir, se asegura el aplauso de sus bases (que lo mantienen con un 40% de favorabilidad) y se arrincona a la oposición. Si los gremios se oponen, quedan como los "villanos" que no quieren ayudar a los damnificados.

Sin embargo, la realidad de los mercados es implacable. Si el Gobierno avanza con este decreto de emergencia, imponiendo inversiones forzosas o gravando el patrimonio de los bancos con tarifas asfixiantes, la factura no la pagarán los grandes accionistas. La pagará el ciudadano de a pie, el ahorrador y el emprendedor.

Es muy probable que esta enorme presión gubernamental termine siendo una táctica de negociación para forzar a Asobancaria a firmar un nuevo acuerdo voluntario —una especie de "Pacto por el Crédito 2.0"— dirigido específicamente a las zonas de desastre. Pero mientras se juega este peligroso pulso de poder, la advertencia de los exministros y del sector financiero es clara: jugar con el ahorro de los colombianos es una estrategia donde la campaña política de hoy se financia con los créditos más caros del mañana.